La transición energética representa una oportunidad para el desarrollo de Mesoamérica y, al mismo tiempo, uno de sus mayores desafíos. A pesar de que la región cuenta con un potencial alto para generar energía renovable y limpia, aún existe una alta dependencia a los combustibles fósiles. A esto se suma su ubicación geográfica, que la hace especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático como los eventos extremos que afectan a zonas urbanas y rurales. Estos fenómenos no solo afectan a las personas, sino que amenazan la seguridad energética al dañar infraestructuras y causar incertidumbre a la generación de energías renovables. Además, es necesario alinear la transición energética con otras prioridades clave, como garantizar el acceso a la energía eléctrica en áreas rurales, reducir la dependencia de leña y la promoción de la inclusión social con pertinencia cultural.
Guatemala ha avanzado gradualmente en su proceso de transición energética. Iniciando con el Decreto 93-96 Ley General de Electricidad y posteriormente con el Decreto No. 52-2003 Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, el país ha promovido la generación de energía a través de fuentes renovables con el objetivo de aprovechar los recursos naturales del país, proteger el ambiente y diversificar la matriz eléctrica. En los últimos años, la implementación de medidas dirigidas a la transición ha tomado mayor impulso a nivel gubernamental, respaldado con las metas nacionales y compromisos internacionales, para hacer frente a los retos energéticos y climáticos actuales y futuros.
Entre las acciones que Guatemala está impulsando se encuentra la obligatoriedad de la mezcla de etanol con gasolina para vehículos, a través del Acuerdo Gubernativo 153-2023 Reglamento General de la Ley del Alcohol Carburante que operativiza al Decreto Ley 17-85 Ley del Alcohol Carburante. Esta medida busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero originadas en el parque vehicular, y así contribuir a la mitigación del cambio climático. También se participó en la elaboración de 03 Reglamentos Técnicos Centroamericanos en materia de eficiencia energética para equipos de acondicionamiento de aire, congeladores y refrigeradores domésticos con el fin de establecer parámetros permisibles de consumo eléctrico en estos equipos. Actualmente se está trabajando en la elaboración del Reglamento Técnico Centroamericano de iluminación interior y exterior.
Otra línea de acción prioritaria para el país, es brindar acceso universal a la energía eléctrica, con especial énfasis en las áreas rurales del país. Para ello se están realizando alianzas estratégicas e identificación de sinergias entre instituciones gubernamentales, sector privado y organizaciones no gubernamentales cuyo trabajo se centra en promover el acceso a la energía eléctrica a través de la expansión de la red de distribución final, instalación de sistemas fotovoltaicos aislados e hidroeléctricas comunitarias. El objetivo es poder impulsar estas acciones, buscando el desarrollo de las comunidades rurales a través de la energía renovable. También se está en proceso de creación de normativa nacional con el propósito de brindar parámetros y lineamientos para el uso de estufas eficientes de biomasa en el Comité Técnico de Normalización de Estufas Mejoradas de la Comisión Guatemalteca de Normalización del Ministerio de Economía, además de que Guatemala tiene participación en el proceso que se está iniciando para la elaboración del Reglamento Técnico Centroamericano de Estufas Eficientes de Biomasa.
Por otro lado, en abril de 2025 se lanzó el proceso de Licitación Abierta de Generación denominado PEG-5-2025, en la que espera contratar 1,400 MW de potencia garantizada como oferta firme y 150 MW de potencia instalada, así como atraer tres mil millones de dólares estadounidenses aproximadamente, en inversiones. En esta licitación se priorizará la entrada de generación de energía eléctrica con combinación de tecnología no renovable con renovable, renovable con renovable o con cambio de tecnología además de dar relevancia a la participación de generación con gas natural. En paralelo, se lanzó el proceso de Licitación Pública Abierta del Sistema de Transporte denominado PET-3-2025 en el cual se busca realizar un proceso competitivo entre empresas nacionales e internacionales para el desarrollo de obras que fortalezcan el sistema de transporte de energía eléctrica, incluyendo la construcción de 14 subestaciones y aproximadamente 501 kilómetros de líneas de transmisión. Realizar estos procesos de forma paralela es una medida estratégica para garantizar que la energía generada por nuevas plantas, especialmente las renovables, llegue con confiabilidad, eficiencia y seguridad a los usuarios finales, evitando pérdidas, saturaciones o interrupciones en el suministro.
A esto se suman el inicio del proceso de diseño del plan de movilidad sostenible para la Ciudad de Guatemala, orientado a transformar la movilidad urbana hacia un modelo más eficiente y con menor impacto ambiental. Este plan promoverá el uso de bicicletas, la conectividad peatonal y el desarrollo de transporte colectivo con tecnología limpia. Su implementación buscará cambiar tendencias, movilizar recursos e impulsar la colaboración entre la Municipalidad y otras instituciones para avanzar hacia una movilidad urbana sostenible.
Es importante mencionar que es clave una comunicación estrecha entre las autoridades de los sectores energía y ambiente, así como otros actores clave gubernamentales y no gubernamentales, para implementar medidas efectivas dirigidas a la transición energética. Un ejemplo de ello son los procesos liderados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para la elaboración o actualización de instrumentos como la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) y la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones (ENDBE). En estos se ha mantenido una comunicación estrecha con el Ministerio de Energía y Minas para la propuesta e implementación de medidas que contribuyan a las metas nacionales en materia de cambio climático, dirigidas a la transición energética.
Para que las acciones en favor de la transición energética logren un impacto duradero, es fundamental que se traduzcan en políticas públicas sólidas y coherentes, tanto a nivel nacional como regional. En el contexto mesoamericano, donde muchos países comparten desafíos similares en materia de acceso a la energía, vulnerabilidad climática y desigualdad, la cooperación y la articulación de políticas puede potenciar los avances de manera más efectiva. Sin embargo, la transición energética no se limita a decisiones técnicas o económicas: también requiere transformaciones culturales y educativas que fomenten nuevos hábitos de consumo, mayor conciencia ambiental y una participación activa de la ciudadanía.
La transición energética es esencial para enfrentar la crisis climática, cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental y, sobre todo, para sentar las bases de un modelo de desarrollo más justo, resiliente y sostenible para Mesoamérica.
