El Gobierno de Guatemala signó y ratificó en su momento, el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central (MER) y sus dos protocolos, instrumentos derivados del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos convencido que la creación y consolidación de que un mercado eléctrico regional promovería, a través del intercambio de energía, el desarrollo de la industria eléctrica en el istmo, con el fin último de mejorar las condiciones de vida de todos los centroamericanos.
No obstante las intenciones iniciales del Tratado Marco del MER y sus protocolos, con el devenir de los años, se ha hecho evidente que sus fines están lejos de realizarse: “al contrario, diversas decisiones tomadas por los órganos integrantes del mercado regional han, no solo desvirtuado al propio mercado, sino puesto en riesgo la propia institucionalidad comunitaria centroamericana”, explicó el Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata.
“Estas circunstancias han afectado no solo al proceso de integración en sí mismo, sino los derechos legítimos de los agentes guatemaltecos participantes en el MER a la libre competencia, el acceso al propio mercado y, en última instancia, ha menoscabado el derecho de todos los centroamericanos a la mejora de sus condiciones de vida, a través de gozar de los beneficios derivados del propio mercado eléctrico regional”, añadió.
Esta situación se considera insostenible para el Gobierno de la República cuyos representantes ante el Consejo Director del MER, en junio de 2020, plantearon una propuesta de reforma y propusieron medidas para mejorar las condiciones para llevar a cabo las transacciones de electricidad entre los países centroamericanos, la mejora y transparencia de los mecanismos de mercado y, sobre todo, promoviendo la readecuación de la institucionalidad del MER a la del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Dicha propuesta fue ignorada por los 5 países restantes que integran el MER, sin permitir siquiera una discusión de los temas y ante esas circunstancias, —que implican la falta de condiciones equitativas para los agentes guatemaltecos—, después de una serie de consultas internas con éstos, el Gobierno de Guatemala, en búsqueda de preservar la soberanía nacional en beneficio de sus habitantes, se vio en la necesidad de iniciar el proceso de retiro del Tratado Marco del MER y sus protocolos, misma que fue depositada por la vía diplomática el pasado 12 de julio, en cumplimiento de las normas comunitarias, incluidas las cláusulas de denuncia contenidas en los mismos instrumentos jurídicos.
Algunos de los hechos puntuales detectados en el actuar de los integrantes del Tratado Marco que no son aceptadas por el Gobierno de Guatemala:
- Extralimitación regional al inmiscuirse en asuntos bilaterales de Guatemala-México.
- Insubordinación de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica y el Ente Operador Regional a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia.
- Creación de un marco institucional contrario al establecido por el tratado fundacional del SICA.
La denuncia hecha de los instrumentos mencionados surtirá efectos transcurridos 10 años de la notificación al depositario. El Gobierno de la República, conocedor y respetuoso de sus derechos y obligaciones, reitera su completa disposición a seguir cumpliendo las reglas contenidas en los mismos mientras no cobre vigencia el retiro.
Para finalizar, Guatemala recalca su compromiso con el proceso de integración centroamericana, cuya visión considera incuestionable; asimismo, persiste en su actuar y sostiene que las repúblicas centroamericanas son parte de una comunidad económico-política, que comparten, no solo un pasado común, sino un futuro próspero, del cual, este proceso constituye un punto central.
