Con un ejemplar en mano de la Ley General de Electricidad, su reglamento y otras normativas, Carlos Colom Bickford, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), hace un análisis sobre el sector eléctrico y los desafíos que enfrenta el país para impulsar el desarrollo.

Las primeras frases del expresidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica destacan el éxito que se logró al invertir US $7 millardos (Q52.5 millardos) en la producción, elevar la cobertura al 90.1 por ciento e incentivar el uso de fuentes renovables, tras 2 décadas de tener un marco regulatorio.

“Antes de la aprobación de la Ley General de Electricidad, en 1996, se tenía un modelo estatal poco eficiente, había apagones que duraban hasta 12 horas, las tarifas eran altas y se perdía no menos del 30 por ciento de la energía”, recuerda el entrevistado.

Cambios

Después de la reforma, dice Colom, hubo un crecimiento exponencial en la electrificación rural, al punto de que hoy 9.2 de cada 10 guatemaltecos tienen acceso al servicio; el potencial hidroeléctrico alcanzó los mil megavatios y se diseñó el Plan de Expansión de la Transmisión, con la ayuda del premio nobel de economía Vernon Lomax Smith.

“El siguiente paso fue comprar energía mediante licitaciones públicas, lo que permitió que en la primera subasta se contrataran 32 centrales generadoras, y en la última la PEG-3 adjudicara 168 megavatios a 17 proyectos, en los que se aplicó el mecanismo de subasta inversa para obtener los precios más bajos”, explica.

Este método (subasta inversa) debería ser implementado en las áreas de salud, comunicaciones y seguridad, pues, según el exgerente del Instituto Nacional de Electrificación, pese a no ser perfecto, ha demostrado que con reglas claras y certeza jurídica se pueden diseñar procesos transparentes y exitosos.

Los retos

En opinión del personaje, Guatemala debe realizar un mayor esfuerzo para que la electricidad genere desarrollo y empleo, lo que se traduciría en atraer más industria y comercio al país.

“Temas como la viabilidad de anular o no proyectos renovables, el acceso y la mala calidad del suministro en las comunidades, así como el cobro del alumbrado público, son los retos que debemos resolver”, comenta.

Además, considera que la discusión de nuevas normativas, como la ley de aguas y la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que aborda los procesos de consulta a los pueblos indígenas, se debe hacer bajo un diálogo formal y técnico, que promueva el progreso de esta nación.

En este sentido, el experto señala que la conflictividad representa altos costos para el país, pues el hecho de que no entren a operar 100 megavatios de energía renovable en 15 años equivale a Q8 mil millones en pérdidas.

“Eso no quiere decir que los proyectos se construyan a cualquier costo, porque lo primero que deben cumplir los desarrolladores es el estudio de impacto ambiental, y la responsabilidad del Estado es tener presencia en las zonas más recónditas y asumir su rol como garante de las necesidades de la población”, expone.

La consulta

Desde su punto de vista, el Convenio 169, en su artículo 6, delega al Estado el proceso de consulta sobre medidas legislativas o administrativas que atañen a las comunidades originarias o pueblos tribales, para detectar cuál es su posición y sus necesidades respecto de un determinado asunto.

“No es un plebiscito, no se trata de votar en contra o en favor de un proyecto minero o hidroeléctrico, sino de un proceso de diálogo informado. No es un convenio diseñado para vetar o generar conflictividad”, aclara.

Por ello, Colom recomienda al Gobierno que antes de implementar este instrumento se elabore un catastro para identificar a las poblaciones indígenas del país, capacitar a quienes realizarán la consulta y elaborar un reglamento para normar el convenio.

Perfil

Carlos Eduardo Colom Bickford es director de IDC Asesores Financieros S. A. y el titular de la Junta Directiva de Greenergyze. En el período de 2007 a 2012 dirigió la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y fungió como el segundo vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Mecánica por la Universidad del Valle de Guatemala y una maestría en Administración de Proyectos, de la Northwestern University. También ocupó la gerencia general del Instituto Nacional de Electrificación, de 2005 a 2007.

Fuente Diario de Centro América