Guatemala 29 de febrero de 2016. El Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, de la Dirección General de Energía (DGE), del Ministerio de Energía y Minas (MEM), inauguró este día el curso-taller denominado: Cálculo de Blindaje de Instalaciones Radiactivas, dirigido a profesionales relacionados con la protección y seguridad radiológica.
Lucía Estrada Barrientos, Directora de la DGE, puntualizó la importancia de la actividad, asegurando que es la primera en su tipo en nuestro país. “Dentro de los requisitos para que una instalación radiactiva del área médica e industrial pueda operar, se requiere que presente un Cálculo y Diseño de Blindaje, y es competencia de los profesionales de la Física, la realización del mismo”, destacó.
El objetivo general del curso taller: Lograr que las personas utilicen de manera correcta y segura las tecnologías nucleares con fines pacíficos, a través de la capacitación y entrenamiento en protección y seguridad radiológica.
Luis Alejandro González, Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, expuso que los objetivos específicos del curso taller son:
- Lograr la participación de las partes interesadas en el proceso de creación de capacidades.
- Evaluar la oferta de capacitación tanto técnica como universitaria en el país.
- Promover la creación de nuevas carreras a nivel nacional que en el ámbito internacional ya existen y son necesarias para la aplicación de algunas prácticas específicas que utilizan tecnologías avanzadas.
- Establecer regulaciones y normativas que releven la responsabilidad, y que viabilicen la capacitación de los trabajadores de parte de los usuarios licenciados por Ley para el ejercicio de sus prácticas”
Capacitaciones como la presente, están en congruencia con la “Estrategia Guatemalteca de Capacitación y Entrenamiento en Materia de Seguridad y Protección Radiológica”. El 20 de enero pasado fue publicado en el Diario de Centro América, el Acuerdo 08-2016, que aprueba dicho instrumento de planificación, que fue formulado por la DGE y contó con opinión favorable de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), durante un proceso que llevó alrededor de dos años.
